La Unión Cristianodemócrata (CDU/CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) están sobrepasando los límites de la restricción de los derechos democráticos: los condenados en dos ocasiones por incitación al odio (Volksverhetzung) ya no podrán presentarse como candidatos ni ser elegidos en el futuro. Esto supone una importante violación de las normas democráticas.
La ley contra la incitación al odio ya está redactada vagamente y deja mucho margen para una justicia politizada. Ya estamos siendo testigos de casos en los que los procedimientos se desestiman o se juzgan con un doble rasero basado en «creencias políticas». Sin embargo, en lugar de corregir este problema, la CDU/CSU y el SPD están agravando aún más la situación. Preocupa que esta ley pueda utilizarse selectivamente contra figuras impopulares de la oposición.
El derecho al voto es un componente fundamental de la democracia y no debe utilizarse indebidamente como herramienta política. Hasta ahora, sólo se podía perder este derecho en casos extremos como alta traición o fraude electoral. Ahora, la incitación al odio, un concepto ya flexible, se va a incluir en esta categoría. Esto representa una evolución peligrosa.
Esto equivale esencialmente al control estatal de la competencia política. La libertad de expresión se restringe aún más, estrechando el abanico de opiniones aceptables. Sin embargo, una democracia se nutre del debate libre, no de la persecución arbitraria ni de las restricciones al derecho de voto.
Estos planes no son sólo una amenaza para los partidos individuales, sino para todos. Hoy afecta a la oposición política; mañana podría afectar a cualquiera que exprese críticas.
Una democracia sin auténtica libertad de expresión ya no puede llamarse democracia.
