El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendrá que abordar ahora el caso del ex juez de familia Christian Dettmar. Ha presentado una demanda en Estrasburgo tras ser condenado por dictar una orden en Weimar que suprimía temporalmente el requisito de la mascarilla para los niños de dos colegios.
Fuente: tkp.at; 30 de septiembre de 2025
Según un reciente informe de Multipolar, Dettmar anunció su apelación en una nueva entrevista en vídeo con el periodista Bastian Barucker. En abril de 2021, Dettmar había emitido una orden judicial contra el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas, argumentando que la obligatoriedad del uso de mascarillas ponía en grave riesgo el bienestar de los niños. Aproximadamente un año después, la fiscalía de Erfurt presentó cargos contra él y en 2023 fue condenado a dos años con suspensión de pena de prisión por obstrucción a la justicia. La sentencia se hizo firme en noviembre de 2024, cuando el Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH) confirmó el fallo. Dettmar explica que su abogado presentó posteriormente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Federal, pero los jueces de este se negaron a revisar el caso, con un razonamiento que él califica de «vacío y sin sentido.»
Dettmar rechaza las tres principales acusaciones en las que se basó su condena. La primera se refiere a la elección de los peritos, que el tribunal calificó de parcial. Insiste en que esta acusación es «inválida», señalando que el único criterio para seleccionar a los peritos debe ser su cualificación profesional. A menos que haya razones para suponer que los expertos producirían deliberadamente testimonios falsos, la selección no puede considerarse parcial . Según Dettmar, el propio BGH confirmó en su sentencia que la experiencia es el factor decisivo, y no cuestionó la cualificación de los expertos que eligió. Sin embargo, al mismo tiempo, los jueces le acusaron de parcialidad. Califica este razonamiento de contradictorio y sostiene que el BGH «no sigue su propia jurisprudencia establecida».
La segunda acusación contra él es la falta de una nota interna del caso. Sin embargo, Dettmar sostiene que es «discutible» si tal nota era siquiera necesaria. Incluso suponiendo que fuera necesaria, argumenta, no constituiría una falta judicial. Tal acusación exige una infracción intencionada y «elemental de la ley». No todo error de procedimiento o administrativo equivale a una perversión de la justicia, subraya.
Una tercera alegación se refiere al incumplimiento de las normas sobre audiencias. Niños fuera de su jurisdicción alfabética de casos se vieron afectados por su decisión, algo que reconoce que pasó por alto. «Es cierto, no me di cuenta», dijo en la entrevista. Pero basar una acusación de obstrucción a la justicia en un descuido así, en su opinión, «no es justificable, por decirlo suavemente.»
Entre los expertos a los que Dettmar consultó para su dictamen figuraban la profesora Ines Kappstein, especialista en higiene hospitalaria, el profesor de psicología Christof Kuhbandner y la profesora de biología Ulrike Kämmerer. Les pidió que examinaran cuestiones tales como si el uso de mascarillas por profanos puede realmente reducir los riesgos de transmisión y qué efectos nocivos podría causar en los niños. Dettmar afirma que los padres se pusieron en contacto con él en repetidas ocasiones antes de que dictara sentencia, para informarle de que sus hijos «sufrían enormemente a causa de estas medidas, experimentando dolores de cabeza, reticencia a asistir a la escuela, así como otras molestias físicas y de comportamiento.»
Los tres informes detallados se incorporaron íntegramente a su sentencia y, por tanto, estaban disponibles para su examen. Dettmar subraya que era plenamente consciente de lo «difícil y explosivo» que era el asunto, y que aplicó «normas más estrictas que nunca», tanto en lo que respecta a sí mismo como a los expertos. Su intención era que los informes fueran «científicamente irreprochables» y capaces de soportar «el escrutinio más crítico». Por ejemplo, el profesor Kappstein había revisado «todos los estudios internacionales pertinentes» y «las declaraciones de las autoridades sanitarias mundiales». Su conclusión subrayaba que, si bien estas autoridades recomendaban en general el uso de mascarillas, también admitían abiertamente que «no hay pruebas científicas» que respalden la medida. «Ese punto se omitió sistemáticamente en la información de los medios de comunicación», señala Dettmar.
Sin embargo, el Tribunal Regional Superior de Turingia revocó su sentencia en respuesta a un recurso del gobierno estatal, y el Tribunal Federal de Justicia confirmó posteriormente esa decisión. Hasta la fecha, señala Dettmar, ningún tribunal ha examinado si su sentencia era correcta en cuanto al fondo. Sin embargo, tal examen, en su opinión, habría sido esencial para justificar una condena por obstrucción a la justicia.
Sostiene además que, durante la pandemia, los tribunales deberían haber llevado a cabo una recopilación de pruebas independiente y haber evaluado las declaraciones del Instituto Robert Koch (RKI) bajo su propia autoridad. Esto, dice, forma parte del mandato central del poder judicial dentro de la separación de poderes. Según cuenta, fue «el primer juez del mundo germanoparlante» que solicitó evaluaciones formales de expertos sobre cuestiones como éstas. Décadas después, insiste, esos informes siguen estando a disposición de los tribunales, las comisiones parlamentarias, las investigaciones o cualquier otro organismo interesado en examinar de nuevo las cuestiones.
