Fallos sistémicos e infracciones éticas al descubierto.
Durante décadas, la adopción internacional se ha considerado un acto humanitario en Suecia, ya que proporcionar a los niños vulnerables hogares afectuosos era algo de lo que sentirse orgulloso. Sin embargo, cada vez hay más pruebas que revelan una realidad preocupante: defectos sistémicos, violaciones éticas y auténtica delincuencia han empañado el proceso, con el sistema de adopción sueco en el centro del estudio. Las investigaciones oficiales sacan a la luz repetidamente un historial de tráfico de niños, falsificación de documentos y negligencia institucional, lo que plantea serias dudas sobre la integridad de las adopciones internacionales y el papel de figuras clave como el actual Primer Ministro sueco, Ulf Kristersson.
Una historia empañada por el escándalo
Las adopciones internacionales en Suecia se dispararon en las décadas de 1960 y 1970, impulsadas por el descenso de las tasas de adopción nacional debido a avances como la anticoncepción y el derecho al aborto, que crearon una gran demanda de adoptados. En la década de 1970, Suecia se había convertido en uno de los mayores adoptantes per cápita de niños procedentes de países como Corea del Sur, Chile, Colombia, Polonia y China. Aproximadamente 60.000 niños han sido adoptados internacionalmente desde los años 50 y organizaciones como Adoptionscentrum han facilitado la mayoría de estos casos. Aunque la adopción se presentaba como una noble empresa, la realidad es mucho más oscura: muchos de estos niños no eran huérfanos, sino robados u obligados por sus familias, a menudo bajo falsos pretextos. Hay relatos escalofriantes de tráfico sistemático de niños en Chile, China, Corea del Sur, Colombia y Polonia, donde se les entregaban documentos falsos alegando que habían sido abandonados para agilizar las adopciones en Suecia.
El papel de Adoptionscentrum y Ulf Kristersson
En el centro de estos escándalos se encuentra Adoptionscentrum, una de las mayores agencias de adopción del mundo, responsable de casi 30.000 adopciones en Suecia. El actual Primer Ministro sueco, Ulf Kristersson, adoptó tres niñas chinas entre 2000 y 2004, adopciones que tuvieron lugar durante un periodo en el que Kristersson también fue presidente de Adoptionscentrum, de 2003 a 2005. Kristersson fue un defensor muy destacado y activo de la adopción internacional y durante su mandato como presidente la organización tuvo que hacer frente a acusaciones de tráfico de menores, sobre todo en China y Chile. Se dice que Kristersson fue informado de irregularidades, como casos de niños robados a sus familias y vendidos a orfanatos por tan sólo 3.000 dólares y que al menos 11 orfanatos chinos implicados en las operaciones de Adoptionscentrum estaban relacionados con el tráfico de niños y la falsificación de documentos.
En 2003, una investigación del gobierno sueco, «La adopción, ¿a qué precio?» (SOU 2003:49), propuso una normativa más estricta y limitar los pagos a los orfanatos para frenar el tráfico de niños. Kristersson lideró una campaña en contra, tachando de «kränkande» (ofensiva) la preocupación por el tráfico de niños y argumentando que tales restricciones harían que las adopciones fueran «prácticamente imposibles», tachándolas de excesivamente idealistas y de no tener en cuenta las complejas realidades de los países con sistemas jurídicos más débiles. Hizo hincapié en que detener los pagos a los orfanatos acabaría de hecho con las adopciones desde los principales países de origen y en que era esencial priorizar el acceso a la adopción por encima de una normativa más estricta y fue Kristersson quien se aseguró de que continuaran los pagos a los orfanatos, una práctica que alimentó la mercantilización de los niños, con ejemplos de un aumento del 242% de niños en un orfanato chino. A pesar de las advertencias, las adopciones desde China aumentaron más del doble bajo su dirección. Del mismo modo, en Chile, un informe de 2003 destacaba los niños arrebatados a sus madres durante la dictadura de los años setenta y ochenta, y que Adoptionscentrum había facilitado casi 2.000 adopciones. Cuando una adoptada chilena planteó sus dudas sobre su propia adopción, la investigación interna de Adoptionscentrum bajo la dirección de Kristersson concluyó que las acusaciones eran infundadas, una respuesta que los críticos consideran inadecuada.
Kristersson ha evitado en gran medida responder directamente a estas acusaciones y ha mantenido que Adoptionscentrum operaba conforme a la normativa establecida por las autoridades suecas y se basaba en las garantías de los países de origen.
Fallos sistémicos y ceguera institucional
El papel del gobierno sueco en este escándalo es igualmente preocupante. Ya en 1997, un informe reveló que el gobierno era consciente del tráfico de niños y de la corrupción en 11 de los 17 países de origen de las adopciones, pero no se tomó ninguna medida significativa. La Junta Nacional de Adopciones Internacionales (NIA), la autoridad de supervisión en aquel momento, fue criticada por su «tolerancia de alto riesgo» y por no investigar las señales de alarma.
Un nuevo informe oficial
Anna Singer, investigadora principal de la Adoptionskommissionen de 2021, presenta ahora otro informe oficial sobre el asunto. La investigación ha descubierto que todos los países y épocas examinados mostraban indicios de tráfico de niños, desde secuestros en Colombia hasta falsificación de documentos en Polonia y Corea del Sur. El informe concluye que las adopciones internacionales a Suecia deberían detenerse por completo debido a las violaciones éticas generalizadas y subraya un fallo sistémico a la hora de dar prioridad a los derechos de los niños y vuelve a demostrar que las adopciones suelen estar impulsadas por las demandas de las parejas sin hijos en Suecia en lugar de por el interés superior de los niños. En muchos casos, los padres biológicos fueron coaccionados o engañados y las autoridades suecas se basaron en documentación no verificada procedente de países con sistemas jurídicos débiles, haciendo la vista gorda ante cualquier anomalía.
La Adoptionskommissionen propone medidas concretas: una disculpa formal, un centro nacional de recursos para adoptados, un banco de ADN para ayudar a rastrear los orígenes y una beca de viaje de 15.000 coronas para que los adoptados visiten sus países de nacimiento. Estas medidas pretenden abordar el trauma infligido a miles de personas cuya identidad fue robada mediante adopciones ilegales.
Reforma y rendición de cuentas
La recomendación de la Adoptionskommissionen de prohibir las adopciones internacionales ha suscitado un acalorado debate. Los partidarios argumentan que los riesgos de tráfico de niños y las infracciones éticas son mayores que los beneficios, señalando a países como Holanda, Noruega y Dinamarca, que ya han suspendido las adopciones internacionales. Los críticos, entre ellos Adoptionscentrum, afirman que detener las adopciones privaría a los niños necesitados de la oportunidad de una vida mejor, citando las salvaguardias del Convenio de La Haya, como el principio de subsidiariedad, que da prioridad a mantener a los niños con sus familias biológicas o en adopciones nacionales. Sin embargo, las pruebas sugieren que estas salvaguardias se ignoraron sistemáticamente.
La defensa de Adoptionscentrum -como siempre, que desconocían las irregularidades- suscita ahora escepticismo, dada la magnitud de los abusos documentados. La negativa de Ulf Kristersson a abordar su papel en el escándalo ha erosionado aún más la confianza y ahora se critica cada vez más su negativa a asumir responsabilidad alguna.
Se dice ahora que Chile está investigando si las adopciones a Suecia podrían ser constitutivas de Delitos de Lesa Humanidad.
Las buenas intenciones no pueden justificar un sistema que permite robar la identidad y el futuro de los niños y comprarlos y venderlos como mercancías.
